Ya no son solamente unos pocos regímenes autoritarios que actúan contra las ONG, los defensores de los derechos humanos y otros actores de la sociedad civil. La alianza mundial a favor de la participación ciudadana Civicus planteó en 2016 que, en cuatro de cada cinco países, los espacios para una política emancipadora sufren crecientes restricciones. En el correr de los años anteriores, se introdujeron leyes explícitas contra las ONG en 60 países, poniendo en entredicho la libertad organizativa de las organizaciones no gubernamentales. A través de recursos jurídicos, se intenta aislar a las organizaciones locales de las redes internacionales y los fondos extranjeros.
Las leyes contra las ONG representan únicamente la modalidad más notoria de la represión estatal. La gama completa abarca desde normativas burocráticas restrictivas hasta la represión abierta por las fuerzas de seguridad, pasando por campañas de difamación y censura. Y los perseguidos no son sólo los actores que reclaman la salvaguardia del derecho a las libertades ciudadanas, sino también aquéllos que abogan por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Quien lucha en Honduras a favor del derecho a la tierra, quien actúa en Etiopía contra los proyectos de la extracción de materias primas incompatibles con el bienestar social y el medio ambiente, debe temer por su integridad física y su vida.
Bajo nuestro encabezado “shrinking spaces” (espacios en desaparición), planteamos temas vinculados con la relación actual entre las libertades ciudadanas y la autoridad pública. Una concepción adecuada de la “sociedad civil” debe trascender el nivel de los Estados nacionales. En efecto, debe reflejar también los intereses contrapuestos que existen entre los actores sociales y entre las ONG. La adjudicación de los espacios correspondientes constituye una herramienta de control estatal. En “shrinking spaces”, la campaña textil de medico international trata de dar cuenta correctamente de la complejidad de las acciones. El espacio por el cual se lucha es uno sumamente concreto: una sede propia para la organización sindical de las costureras en el centro de Karachi, a favor de mejores condiciones de trabajo, una seguridad laboral adecuada y un salario apropiado. Al mismo tiempo, a través de la de demanda legal contra KiK, se abre el camino también hacia Alemania y la Unión Europea. Cuatro demandantes que representan a todos los afectados por el incendio de la fábrica reclaman una indemnización. Una sentencia positiva podría convertirse en un precedente legal con amplias repercusiones: las empresas alemanas ya no podrían evadir su responsabilidad, tampoco en lo referente a locales adecuados para sus fábricas en todo el mundo.
Marcus Balzereit
Cómo se obstaculiza el trabajo de las organizaciones contrapartes de medico – cuatro ejemplos
Turquía
En 2016, los espacios democráticos en Turquía no se fueron reduciendo poco a poco – colapsaron dramáticamente a toda velocidad. El intento de golpe de Estado a mediados del año proporcionó un nuevo motivo al régimen de Ankara para reprimir a las fuerzas indeseables en los principales ámbitos sociales. Decenas de miles de personas fueron encarceladas o despedidas de sus puestos de trabajo, la prensa libre fue prácticamente suprimida, los parlamentarios fueron apresados y los alcaldes opositores destituidos. A esto siguió en noviembre un golpe contra la sociedad civil independiente: se prohibió el funcionamiento de alrededor de 370 fundaciones a favor de los derechos humanos, asociaciones para la protección de menores, agrupaciones de mujeres y todo tipo de iniciativas culturales y cívicas, entre ellas dos contrapartes de medico: la Asociación de Ayuda y Solidaridad Rojava y la Asociación Mesopotámica de Abogados. Ya anteriormente debieron soportar hostigamientos, el bloqueo de sus cuentas bancarias, el arresto de sus colaboradores y la confiscación de embarques de alimentos. De hecho, la prohibición es sistemática, ya que va dirigida contra dos organizaciones opositoras de la represión del ejército turco contra el sistema autogestionario del pueblo kurdo en el sudeste del país. La asociación Rojava presta también ayuda humanitaria a los ciudadanos desplazados y afectados por los bombardeos en las ciudades kurdas. La asociación de abogados ha presentado más de 600 demandas contra la destrucción y confiscación de viviendas y terrenos. Por consiguiente, la prohibición está dirigida a callar a aquellos que informan sobre la verdad del conflicto armado interno y las violaciones de los derechos humanos.
Egipto
En febrero de 2017, la página web de medico mostraba nuevamente una puerta clausurada. Esta vez se trataba del Centro El Nadeem en la zona céntrica de El Cairo, la institución más conocida de tratamiento para víctimas de la violencia estatal e intrafamiliar del país. Desde 1993, proporcionaba apoyo psicológico y jurídico directo. Con su posición independiente frente a los cambios en el poder político que ha vivido Egipto en los últimos años, el Centro se pronunciaba claramente contra todo tipo de violencia estatal, militar y policial en contra de civiles. A principios de 2016, El Nadeem publicó un informe anual con motivo del aniversario del levantamiento durante la primavera árabe de 2011, destacando la creciente cifra de casos de torturas - un verdadero “archivo de la represión”. Como reacción, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud intentaron cerrar el centro. El Nadeem apeló contra estos decretos y continuó trabajando. Cuando a principios de 2017 el centro informó públicamente una vez más sobre las muertes ilícitas, los maltratos y las torturas de detenidos y reclusos en los puestos policiales y en las cárceles, la policía clausuró sus oficinas y prohibió la continuación de todas las actividades – actividades que son más importantes que nunca, en vista de las confrontaciones para recobrar las libertades conquistadas en 2011.
Israel
A fines de 2015, el gabinete israelí aprobó una ley que norma con mayor severidad el trabajo de grupos de derechos civiles que reciben financiación del exterior. Constituye otra manipulación del Estado contra las voces críticas dentro del país frente a la ocupación o al gobierno. Al mismo tiempo, han aumentado marcadamente los ataques, las difamaciones y las múltiples obstrucciones contra el trabajo de las ONG. Esto afecta también a organizaciones contrapartes de medico como Physicians for Human Rights – Israel, la iniciativa Who Profits y, ante todo, a la agrupación conformada por exsoldados Breaking the Silence, que condena la ocupación. Ésta fue atacada masivamente por organizaciones judías nacionalistas y por políticos de derecha. Se introdujeron agentes encubiertos que espiaron durante meses al interior de la organización e intentaron provocar el cierre de Breaking the Silence. Los medios sociales publicaron los nombres y las direcciones de todos los colaboradores. El silencio de la ocupación no debe ser perturbado. “Desde hace 49 años mantenemos una dictadura militar en los sectores ocupados”, dice Yehuda Shaul de Breaking the Silence. “¿Podemos realmente creer que es posible seguir imponiendo estas condiciones más allá de la Línea Verde y mantener la democracia en nuestro lado?”
Guatemala
En el correr de los últimos años, el poder judicial guatemalteco - en cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) - ha logrado éxitos espectaculares contra la oligarquía corrupta del país. Las organizaciones contrapartes de medico también ayudaron en la lucha para una mayor justicia en el país: la organización ECAP se dedica hace décadas al trabajo psicosocial en el marco del proceso de superación de la dictadura, apoyando así las denuncias. Los abogados defensores de los derechos humanos que trabajan en el Bufete de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) participaron, entre otros, en la condena del exdictador Ríos Montt por genocidio y las sanciones a antiguos militares en los casos de secuestro y esclavización de las mujeres procedentes de la aldea Sepur Zarco. Entretanto, las organizaciones contrapartes de medico son nuevamente el blanco de una contraofensiva de operativos de derecha. Esto se debe a su defensa de comunidades indígenas contra megaproyectos, y también a su participación en el caso Creompaz, que implicó a militares de alto rango en la desaparición violenta de 558 personas. Luego de amenazas y acusaciones por “instigación a delinquir y asociación ilícita” contra los abogados Ramón Cadena (CIJ) y Michael Mörth (Bufete y CIF), se allanó el domicilio de Cadena en Ciudad de Guatemala. Los intrusos revisaron documentos y robaron una laptop y teléfonos celulares. No tocaron otros objetos de valor.
Christian Sälzer