Por Felix Litschauer
En estos días que se cumplen seis años del inicio de la pandemia de COVID, muchas personas en el sur de África recuerdan con dolor lo que también es válido para los Estados: cada quien vela por sus propios intereses. En aquel entonces, laboratorios sudafricanos secuenciaron por primera vez la nueva variante omicrón del virus y pusieron a disposición esta información para el resto del mundo; a consecuencia de ello, se prohibieron los vuelos desde y hacia Sudáfrica, lo que dejó daños económicos enormes. Por otro lado, este país tuvo que esperar mucho tiempo la llegada de la vacuna adaptada rápidamente a esta nueva variante, dado que la UE y EE.UU. garantizaron primero su acceso a las dosis. Al mismo tiempo, las empresas farmacéuticas se rehusaron a compartir la tecnología con científicxs sudafricanos para el desarrollo de la vacuna. La pérdida de confianza debido a estos acontecimientos resultó en un posicionamiento claro de muchos países del Sur Global: nunca más cederemos el control sobre nuestros datos sanitarios sin recibir algo a cambio.
Esta postura en torno a la soberanía de datos está siendo defendida con firmeza por el bloque de países africanos en las negociaciones en curso del Acuerdo sobre Pandemias, que tiene como finalidad preparar mejor al mundo ante futuras crisis sanitarias y garantizar el acceso equitativo a productos esenciales, como las vacunas. Al día de hoy, todos los Estados miembros de la OMS están dispuestos a comprometerse a ello, con excepción de EE.UU. Sin embargo, al mismo tiempo en que las negociaciones sobre normativas multilaterales avanzan, están siendo socavadas: en las últimas semanas, 16 Estados africanos han firmado acuerdos bilaterales en materia de salud con EE.UU. que contradicen por completo la aspiración de contar con un sector de salud independiente. Para comprender lo que está ocurriendo, es necesario mirar hacia atrás.
Déficit financiero y dependencias
Con el nuevo decreto de Trump el año pasado para iniciar la salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud, esta perdió de golpe a su principal financiador. Al desmantelar la agencia estadounidense de ayuda para el desarrollo (USAID), así como el PEPFAR –el programa para el combate global del VIH/Sida–, Elon Musk destruyó, con apoyo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, estructuras de prevención y atención consolidadas durante años. Las consecuencias de ello fueron particularmente graves para Estados del África subsahariana, pues fue allí donde EE.UU. –con ayuda de ONGs y empresas privadas– estaba financiando amplios programas de salud, financiando de facto masivamente el presupuesto de los ministerios de salud de estos países. Por ejemplo Malawi, Sudán del Sur o Somalia, que se vieron repentinamente confrontados con un déficit financiero que en algunas ocasiones superó el presupuesto total destinado a la salud. En Kenia, unx de cada cinco trabajadorxs de la salud –hasta entonces financiados con fondos de USAID– se quedó sin salario. En lugar de dar un paso al frente, muchos países europeos recortaron por su parte sus fondos destinados a la cooperación para el desarrollo, lo que ocasionó que la financiación de programas de salud a nivel global en 2025 se redujera casi a la mitad en comparación con el año anterior.
En agosto de 2025, se celebró en Accra, Ghana, la “Cumbre de Soberanía Sanitaria”, cuya planeación había iniciado incluso antes de que la retirada de EE.UU. de la financiación en materia de salud fuera previsible y con plena conciencia de una dependencia y de la necesidad de su superación. Los jefes de Estado africanos proclamaron una nueva era de “salud sin ayuda” y se comprometieron a movilizar recursos nacionales e invertir en la producción regional de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios. Algunos gobiernos actuaron con rapidez para garantizar servicios esenciales como el suministro de la profilaxis preexposición para prevenir el VIH, o para asumir el pago de los salarios de lxs trabajadorxs comunitarixs de la salud, antes financiados por la USAID.
Nigeria destinó 200 millones de dólares adicionales en su presupuesto para cubrir el déficit; el gobierno de Ghana eliminó el límite máximo para la parte proporcional del seguro médico en el presupuesto destinado a la salud; por su parte, el parlamento etiope duplicó el presupuesto del Ministerio de Salud. Sin embargo, muchos de los países afectados están ya tan endeudados que no podrán absorber esos costos a largo plazo sin el apoyo de donantes externos.
Acuerdos, acuerdos y más acuerdos
Sin embargo, el actuar del gobierno de Trump no refleja una retirada impulsiva de la política de salud global con el mero fin de complacer a las bases del movimiento MAGA (Make America Great Again). Con la publicación en septiembre pasado de la “America First Global Health Strategy”, este proceder se reveló como un movimiento calculado que forma parte de una política de poder con ambiciones mucho más altas. La estrategia se caracteriza por una reducción de la salud global a su aspecto de seguridad: su objetivo es proteger a EE.UU. frente a amenazas externas en forma de enfermedades. En consecuencia, la vigilancia, la notificación de brotes y el desarrollo de cadenas de suministro se vuelven prioritarios. Además, la política internacional de salud de EE.UU. “debe crear un ambiente propicio para las empresas estadounidenses, para que estas puedan llevar sus innovativos productos y servicios sanitarios a todo el mundo.” Este redireccionamiento deberá ponerse en práctica mediante la firma de acuerdos bilaterales con decenas de países; entre los primeros gobiernos que ya firmaron se encuentran los de Kenia, Uganda y Nigeria, así como otros Estados africanos.
El núcleo de estos acuerdos es el compromiso de seguir financiando los sistemas de salud de los países firmantes, aunque ya no de forma indirecta a través de organizaciones implementadoras, sino directamente de Estado a Estado. A cambio, estos países se comprometen a apoyar a las empresas estadounidenses en la apertura de nuevos mercados en el sector de la salud, así como a la transferencia de datos de salud y muestras de patógenos a EE.UU. Esto es sumamente delicado: los datos de salud son las tierras raras del mercado de datos. Sin los genomas de los patógenos no hay nuevos medicamentos; sin la transmisión de información sobre brotes infecciosos no se puede predecir el curso de las epidemias. Los análisis poblacionales, enriquecidos con datos de salud, pueden arrojar luz sobre la vulnerabilidad ante enfermedades y acerca de la probabilidad de brotes en sociedades enteras. Estos datos sirven para planear el suministro de medicamentos y predecir tendencias demográficas y biológicas. Sin embargo, ¿qué pasa si se hace un mal uso de estos datos compartidos con las empresas estadounidenses? ¿qué ocurre si no se utilizan para apoyar a los servicios de salud de los países socios, sino como instrumento de un sistema autoritario? Los datos de salud son particularmente delicados y pueden dejar al descubierto informaciones personales detalladas, que pueden ser utilizadas con fines de discriminación, vigilancia o coacción.
EE.UU. ya ha utilizado la palanca de la financiación de la salud para exportar sus guerras culturales domésticas en el pasado. Si bien la administración Trump está alineada políticamente en este sentido con países como Uganda –país en el que las relaciones entre personas del mismo sexo se castigan con la pena de muerte–, la “regla de la mordaza global” ha ido más lejos. Esta normativa estadounidense, que prohíbe el financiamiento de ONGs extranjeras con ayuda para el desarrollo de EE.UU. si estas realizan, promueven o informan sobre el aborto –incluso si lo hacen con sus propios fondos–, ha obligado en varias ocasiones a los países firmantes a elegir entre la financiación de Washington y la soberanía reproductiva de las mujeres.
Con el endurecimiento ahora decretado por la administración Trump, las minorías sexuales también quedarían excluidas de la atención médica financiada con fondos estadounidenses. A través de estos acuerdos bilaterales, existe el riesgo de que EE.UU. cree un sistema en el que los datos fluyan en una dirección y la ideología en otra. Michel Foucault habría descrito esto como una distopía biopolítica.
Viento de resistencia
Lxs activistas del People’s Health Movement (PHM) Kenya, una organización contraparte de medico desde hace años, comparten este temor. En una carta de protesta escrita por ellxs y por otras sesenta organizaciones de la sociedad civil y destinada a los gobiernos de la Unión Africana, se lee: “El acuerdo para el intercambio de datos no contiene ninguna garantía de protección de datos personales y arroja serias interrogantes en materia de seguridad. Mediante el acceso directo a bases de datos nacionales que posiblemente contienen datos personales, esta información sensible queda expuesta al riesgo potencial de su mal uso”. Esta carta ha dado resultados. El 19 de diciembre de 2025, el Tribunal Supremo de Kenia dictó una medida cautelar que prohíbe la implementación del acuerdo por motivos de protección de datos; en Zambia, lxs activistas también están considerando impugnar el acuerdo por la vía jurídica. Sin embargo, la resistencia de la sociedad civil es difícil. Muy pocos de estos acuerdos son de acceso público, y al tratarse de “memorandos de entendimiento” entre gobiernos, los parlamentos quedan excluidos, por no hablar de las poblaciones pobres o rurales, así como de las minorías sexuales. “Las mismas comunidades que se ven afectadas por los riesgos relacionados con los datos de salud sufren también el hambre y los recortes en el ámbito social derivados de la deuda”, afirma Dan Owalla, del PHM Kenia.
En este sentido, los Estados africanos tienen una idea muy clara de cómo sería una transferencia de datos que no se base en la explotación; la han expuesto ya durante las negociaciones del anexo PABS del Acuerdo sobre Pandemias, que tiene como objetivo la regulación del intercambio de datos sobre patógenos y del acceso a los productos médicos desarrollados a partir de ellos. Junto a un total de 80 países que representan a tres cuartas partes de la población mundial, exigen con firmeza acuerdos jurídicamente vinculantes, de acceso público y que establezcan claramente las condiciones para el uso de la información sanitaria. Los acuerdos con el gobierno estadounidense no incluyen nada que se le parezca, ni auguran nada bueno para la posición de negociación frente a la Unión Europea. Y es que, al igual que EE.UU., la UE está en contra de cualquier obligación de compartir vacunas o transferir tecnología para su desarrollo en la región, priorizando el beneficio de su industria farmacéutica. Con esto, la carrera por las vacunas de la próxima pandemia se ha dado por concluida incluso antes de comenzar.
Felix Litschauer es experto en salud global en medico y, junto con nuestras organizaciones contrapartes, trabaja en favor de modelos de atención médica basados en la solidaridad.
