medico: Tu trayectoria está íntimamente ligada a las luchas por la democratización en Centroamérica. ¿En qué sentido exactamente?
Claudia Paz y Paz: Fui Fiscal General de Guatemala y en esa función llevé a narcotraficantes y a militares de alto rango ante la justicia por su responsabilidad en casos graves de violaciones a derechos humanos. Por esta razón fui retirada del cargo antes de concluir mi mandato y en 2014 mi familia y yo tuvimos que abandonar el país. Como parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigué la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en México y, en 2018, la represión del movimiento de oposición en Nicaragua.
Después de una escala en Washington, tuve el privilegio de poder volver a Centroamérica en 2019 y seguir trabajando aquí. Mi trabajo actual en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Costa Rica me permite abordar los problemas de Centroamérica desde una perspectiva regional. Nosotros proporcionamos la defensa en casos de violaciones de derechos humanos frente a la Corte Interamericana, apoyamos con medidas de protección a grupos indígenas y a defensores de derechos humanos, así como a otros grupos amenazados e intentamos ganar influencia en los gobiernos de la región mediante trabajo de cabildeo.
¿Cuál es la situación de la democracia en Centroamérica?
La debacle que observamos es evidente y grave. Donde puede verse más claramente es, seguramente, en Nicaragua, donde presenciamos un proceso de apropiación del poder y el control, en marcha desde hace un año: desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por la Asamblea Nacional, hasta abarcar todo el sector público. La anulación de cualquier oposición culminó en las detenciones ilegales de políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, campesinos y estudiantes. Este desarrollo autoritario fue verdaderamente contagioso y se ha propagado en otros países de la región, sobre todo en Guatemala y El Salvador. Si bien en Guatemala no se han prohibido las organizaciones no gubernamentales, las leyes para el control de las ONGs otorgan mucho poder al gobierno sobre ellas. En El Salvador, los países europeos lograron impedir una ley parecida.
¿Podrías describir las consecuencias del autoritarismo más detalladamente?
Es muy grave la influencia creciente sobre el sistema de justicia. En Nicaragua, jueces independientes fueron desplazados de la Corte Suprema, mientras que a los jueces cercanos a Ortega se les extendió el mandato de manera ilegal. Así pasó también en Guatemala, donde al mismo tiempo se abrieron múltiples procesos en contra de jueces independientes, fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos. La ex fiscal de la entretanto disuelta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Virginia Laparra, se encuentra presa desde hace meses; así también el conocido periodista José Rubén Zamora, cuyo diario elPeriódico tuvo que suspender su publicación. Esta persecución política conduce a un éxodo. Hace poco estuve en Washington, en una reunión de unos treinta jueces y fiscales que abandonaron Guatemala y solicitaron asilo en Estados Unidos. Otros grupos perseguidos viven una situación similar.
En El Salvador, el presidente Bukele destituyó sin miramientos a cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le resultaban incómodos y los sustituyó por otros leales a él a comienzos del verano de 2022. Además, una modificación a la ley ha jubilado prematuramente a un tercio de todos los jueces activos en el país. Por ello, lo que ocurre en estos momentos, en un contexto de un estado de excepción que se reaviva una y otra vez, no puede controlarse ya por la vía jurídica. Hombres jóvenes son detenidos masivamente bajo el supuesto de pertenecer a pandillas criminales, sin tener opción a un proceso judicial adecuado. En lugar de ello, se les juzga de veinte en veinte, sin que nadie sepa qué ha hecho cada uno de ellos.
En Honduras fuimos testigos de los mismos procedimientos frente al sistema judicial. Ahí, jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos de manera ilegítima en 2012, después de que decretaran varias leyes como inconstitucionales. Frente a ello, la llegada de Xiomara Castro al gobierno genera algo de esperanza para el futuro. No es que todo sea bueno, muchas cosas despiertan suspicacias, pero al menos está pasando algo: se puso a defensores de derechos humanos en libertad, hay una oposición, en la que ahora se encuentra el partido que antes gobernaba. En esta medida, la situación allí ha cambiado.
¿Cuál es desde tu perspectiva el mayor obstáculo para la democratización de Centroamérica?
Es diferente según el lugar, pero en Guatemala las élites corruptas que controlan el Estado para saquear los fondos públicos poseen el dominio absoluto. En El Salvador, donde la corrupción es de igual modo enorme, la cosa es un poco distinta debido al gran apoyo a Bukele por parte de la población. A pesar de que a causa de la alta tasa de detenciones en el país cada familia debe tener a algún familiar o conocido en la cárcel, las personas creen en él.
¿Por qué esto es así?
Porque el problema de las pandillas es real; controlan barrios enteros, de los que sus habitantes no pueden salir sin permiso, mientras que otros no pueden entrar sin su autorización. Muchas personas pagan por protección. Esto ha llevado a la gente a la desesperación y es su forma de dar su apoyo para que, al menos, algo ocurra.
¿Vivimos actualmente una ola de autoritarismo o, más bien, el regreso del caudillismo, es decir, del dominio de los líderes carismáticos?
Yo describiría este fenómeno como autoritarismo. En Guatemala, cada presidente es espantoso, da igual si se trata de Giammattei, Morales o de alguien más. El control sobre el aparato de Estado permanece en las mismas manos; lo decisivo no es quién encabeza el gobierno, sino el sistema que hay detrás.
¿Qué es lo que caracteriza a este autoritarismo?
Un elemento que los une –y que se fueron copiando unos a otros– es definitivamente el ataque a la independencia del sistema judicial. A esto se suma la restricción de la libertad de reunión, es decir, la prohibición y la obstaculización de organizarse y asociarse. El caso más grave es Nicaragua, donde hasta ahora han sido proscritas más de 3 mil organizaciones. Pero Guatemala y El Salvador han copiado de Nicaragua sus ya mencionadas leyes para el control de ONGs. En todos estos países observamos la censura y criminalización de la prensa libre; en Nicaragua, empresas de comunicación se han visto obligadas a cerrar, sus direcciones han sido detenidas o forzadas al exilio. También periodistas independientes y la cobertura periodística sobre extractivismo son víctimas de persecución. La casa del periodista Juan Bautista Xol, quien reportó sobre el proyecto minero en El Estor, Guatemala, fue registrada por un enorme contingente policial; es alarmante a su vez la denuncia y criminalización de los colaboradores del diario de investigación El Faro, en El Salvador.
Estas son tendencias observables en toda la región. Y por lo menos en Nicaragua y en Guatemala no existe, con toda razón, confianza alguna en los partidos políticos o en el sistema electoral. La historia de estos países tiene paralelismos: Guatemala, El Salvador y Guatemala tienen una historia marcada por las guerras. La paz que les puso fin nunca estuvo completa, las estructuras surgidas en esa historia nunca fueron transformadas. Esto se observa con mayor claridad en Guatemala, así también en El Salvador.
¿Qué opciones les quedan a los actores democráticos? ¿Ves enfoques prometedores para ellos?
En Guatemala y El Salvador experimentamos un éxodo de dirigentes de movimientos sociales, de jueces, fiscales, periodistas. Los mejores y más valientes se van, mientras que los que se quedan no tienen otra opción que la obediencia frente al poder. A esto se suma, naturalmente, la migración de muchísimas personas por razones económicas y a causa de la violencia que no cesa.
Al mismo tiempo, existen movimientos de resistencia activos: en Guatemala, así como en Honduras, la resistencia de los pueblos indígenas en contra de las industrias extractivas y sus megaproyectos me parece la más importante. Aquí, las estructuras sociales se encuentran más marcadas; para Nicaragua y El Salvador resulta más difícil decir dónde pueden ocurrir rupturas. Mucho de lo que ocurre en Nicaragua permanece invisible a causa de la represión. Quiero decir que ojalá ocurra algo en el país, es difícil influir desde el exterior.
Centroamérica tiene una larga historia de injerencias extranjeras contra procesos democráticos. ¿Puede una influencia desde el exterior jugar un papel positivo hoy y apoyar una democratización de la región?
En los casos de Guatemala y El Salvador se observa muy claramente que, en términos internacionales, todo gira en torno a la restricción de la migración con rumbo hacia Estados Unidos y que no existen esfuerzos serios por fortalecer movimientos democráticos, ni apoyo alguno a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Apenas hace unas semanas, Estados Unidos obsequió decenas de vehículos militares a Guatemala para poder garantizar la “seguridad de las fronteras”. Lo mismo en El Salvador: si bien se externan críticas al rumbo autoritario seguido por Bukele, todo se queda ahí. La presión internacional sobre los gobernantes en Centroamérica para el cumplimiento de las normas constitucionales podría ser mayor. Las sanciones en contra de grupos específicos en Nicaragua son, en mi opinión, un paso en la dirección correcta; ojalá tengan resultados positivos.
Entrevista realizada por Jana Flörchinger y Moritz Krawinkel
Traducción: Benjamín Cortés
