No resulta sorprendente que, en un mundo marcado por la desigualdad y sacudido por guerras, la gente luche por su derecho al libre tránsito; esto puede observarse desde hace décadas en diversas regiones fronterizas del mundo. No es posible cerrar Europa herméticamente, Ceuta no constituye una excepción. Por tanto, el hecho de que la UE caiga sistemáticamente en pánico cuando hay personas que cruzan sus fronteras buscando apelar al derecho de asilo vigente, la vuelve vulnerable a las presiones, ya sea por parte del presidente turco Erdoğan, del mandatario bielorruso Lukashenko, del Reino de Marruecos o de la propia derecha europea.
Entre 50 mil y 60 mil personas arribaron el jueves pasado al enclave español de Ceuta. Los agentes fronterizos españoles devolvieron a casi todas hacia Marruecos, en parte haciendo uso de la fuerza, impidiendo que siquiera alguna de ellas llegara a la España peninsular. Según la organización de derechos humanos marroquí AMDH, casi 130 personas perdieron la vida al intentar cruzar la frontera, entre ellas muchxs niñxs. Las devoluciones y las muertes no han despertado un escándalo, pero sí una carrera por el endurecimiento de posturas antimigratorias en la Unión Europea con el fin de desmantelar los últimos estándares de derechos fundamentales de la política migratoria de la UE y de la cooperación internacional.
La razón que llevó a cientos de miles a emprender de repente el camino hacia Ceuta es incierta. Lo que se sabe es que hubo personas que llegaron en autobuses hasta la frontera, que numerosos vídeos circularon en Tiktok y que los agentes fronterizos marroquíes suspendieron temporalmente sus controles en el enclave español. También las rivalidades políticas entre Marruecos y España han sido esgrimidas como una posible explicación.
Lo cierto es que, para los gobiernos nacionalistas europeos, el cruce fronterizo de cientos de miles representó una excusa idónea para profundizar su política aislacionista. De este modo, se ejerce una presión enorme sobre los intentos tímidos de emprender una política migratoria basada en los derechos humanos por parte de uno de los últimos gobiernos de izquierda en Europa. El gobierno italiano cerró inmediatamente sus fronteras a las llegadas procedentes de España y exigió la exclusión de este país del espacio Schengen. Por su parte, el Ministro del Interior alemán, Dobrindt, no tuvo reparos en promover sus controles fronterizos y su devoluciones, declarados ilegales por la justicia en varias ocasiones.
Hasta qué punto la política europea se ha desplazado hacia la derecha lo demuestra la carta enviada por 22 jefes de gobierno al Ejecutivo español. En ella, hacen una crítica al reciente proceso de regularización llevado a cabo en España para personas sin un permiso de residencia vigente, tildándolo erróneamente de “efecto llamada”. Asimismo, arremeten contra el fallo del Tribunal Supremo espanhol, el cual se limita a reafirmar que todas las personas que arriben a territorio español por la vía marítima tienen derecho a un procedimiento individualizado y que no pueden ser expulsadas de manera colectiva, es decir: la base de todo derecho de asilo.
Es una muestra de absoluta bancarrota política que incluso los estándares, ya de por sí extremadamente restrictivos, acordados recientemente por la UE en la reforma del Sistema Común Europeo de Asilo, queden anulados en la práctica tan pronto como un número elevado de personas pretende ejercer su derecho a la protección. El supuesto de un aumento puntual en el número de llegadas se discutió en reiteradas ocasiones y quedó establecido en leyes como el Reglamento sobre Situaciones de Crisis y el llamado mecanismo de solidaridad que regula la redistribución en la UE. Al arremeter ahora también el Gobierno Federal alemán, mediante una carta de alarma, en contra de normas establecidas por él mismo y contra los derechos fundamentales, está cortando la rama del Estado de derecho sobre la cual está sentado y acelerando con ello la deriva autoritaria de la Unión Europea. Cuando, en medio del frenesí armamentístico generalizado, la migración sólo es abordada desde puntos de vista militares y conceptos como “avalancha” o “amenazas híbridas” se convierten en la norma, no resulta sorprendente que regímenes autoritarios apunten con frecuencia a este talón de Aquiles europeo; quienes sufren las consecuencias de esto son, una vez más, las personas que buscan encontrar en Europa protección y condiciones para una vida mejor.
Europa debe repensar: la migración no es una amenaza, sino una realidad social. Si la UE se deja chantajear en tal grado mediante la demonización del cruce de fronteras, se arroja con ello a una espiral interminable de privación de derechos. En un mundo globalizado se necesitan políticas sólidas en materia de libertad de tránsito. Hasta entonces, cabría esperar también de los gobiernos conservadores que no trituren las bases del Estado de derecho a la menor oportunidad y que no sienten en el banquillo de los acusados a sus socios europeos por el hecho de apelar a las leyes vigentes en Europa.
Valeria Hänsel es investigadora especializada en temas de migración. En medico international se desempeña como experta en migración y huida y en las políticas del régimen de frontera europeo.