Cómo compartir lo que no se tiene

Por Timo Dorsch & Jan Schikora 

Los restos de un rascacielos aún se alzan hacia el cielo. La mayor parte del edificio ha desaparecido, simplemente se derrumbó sobre sí mismo. En varios pisos residenciales se ven los baños, que ahora cuelgan como plantas marchitas del borde de los escombros del edificio. Las habitaciones que estaban frente a ellos están enterradas en un desierto de escombros, por el que se mueve una excavadora con un enorme brazo. En el borde del terreno marcado con cinta de seguridad rojiblanca, se ven grupos de personas a la sombra de un árbol; la mayoría de ellas en silencio, con la mirada perdida y ensimismadas, mientras que algunas conversan en voz baja. Apenas tres semanas después del devastador doble terremoto que ocurrió en Venezuela por la tarde del 24 de junio, ya casi no queda esperanza de rescatar a más sobrevivientes. Sin embargo, la gente sigue aguantando. Quieren, al menos, darles a sus padres, hermanos, hijos e hijas, y amigos y amigas un entierro digno y, al mismo tiempo, obtener certeza sobre su destino. El dolor, el sufrimiento y la ira, la incomprensión de los primeros días: todo ha dado paso, ahora, a una triste apatía. 

Con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, tal catástrofe natural —poco común en una sucesión tan breve— sacudió al país y lo sumió en un estado de conmoción y terror. La contundente reacción de la tierra afectó a diez de los 24 E stados Federales. Pero en ningún lugar la destrucción fue tan extrema como en La Guaira. La región costera es un lugar muy apreciado en todo el país, un destino turístico popular al norte de Caracas que atrae a personas de todas las clases sociales y de todas las edades. Como el 24 de junio era día festivo, había aún más gente de lo habitual en la costa. En poco más de un minuto, los rascacielos se derrumbaron como castillos de naipes; los complejos habitacionales y las viviendas sociales fueron arrancados de raíz y reducidos a escombros. A las 18:06 hora local, la región parecía una zona de guerra sobre la que se hubiera lanzado un bombardeo masivo. 

Tres semanas después de la catástrofe y a entre seis y ocho horas en carro de La Guaira, nos encontramos en la gran ciudad de Barquisimeto con Andrés Peralta y Anderson Villanueva. Pertenecen a la red de cooperativas Cecosesola, fundada en 1967, que agrupa a más de 50 cooperativas locales y regionales y que es una especie de hogar para sus aproximadamente 1.500 trabajadores y trabajadoras asociados y más de 20.000 soci@s. Durante de la reunion central semanal de Cecosesola, sus recuerdos giran en torno a los primeros días tras la tragedia. “Ya el sábado después del terremoto estábamos en el sitio con un primer gran cargamento de ayuda humanitaria”, cuenta Andrés en el recinto de encuentros de la Red, donde se gestionan como corazón económico estos mercados. Cecosesola cuenta con tres de tales lugares en Barquisimeto, donde decenas de miles de familias se abastecen de alimentos y otros productos de primera necesidad. Cecosesola es parte indispensable de la vida cotidiana de la población local de un millón y medio de habitantes: lo que comenzó como una funeraria, ahora también cuenta con un Centro de Salud que incluye una Habitación de partos, cofinanciada en su momento por medico international. “Uno de nuestros principios fundamentales es el de la solidaridad. Para nosotros, no había duda de que íbamos a ayudar”, subraya Andrés al margen de la reunión, que se interrumpió brevemente. Tal reunión en sí misma es probablemente el lugar donde mejor se puede comprender el proceso educativo que se gestiona en Cecosesola. Cada año se llevan a cabo más de 3.000 de ellas. Permiten a los miembros una forma de organización sin jefes ni supervisores: una asombrosa puesta en común de conocimientos y habilidades. “Estamos más organizados que un movimiento y somos más dinámicos que una organización”, dijeron una vez ellos sobre sí mismos. 
 

Aún semanas después del primer transporte con varias toneladas de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por la catástrofe, Anderson Villanueva sigue visiblemente conmovido por lo que vivió allí: “Al final, la empatía fue increíblemente importante. En lugar de un paquete de comida, muchas personas solo querían un abrazo o una palabra de consuelo. Algunas de ellas habían perdido a toda su familia. Fue muy difícil de soportar”. Tras los sismos, más de un cuarto de millón de personas necesitó atención médica; miles quedaron sin hogar. Hasta la fecha —aproximadamente dos meses después del sismo— se han registrado oficialmente más de 6.500 muertos, y la cifra sigue aumentando. Aún no se han retirado todos los escombros de los cerca de 200 torres de vivienda que se derrumbaron. Y el número de desaparecidos tampoco está claro. La ONU estimó, al día siguiente de los terremotos, que había 50 000 personas desaparecidas. En diversos portales de búsqueda, que surgen de iniciativas de la sociedad civil, las cifras siguen oscilando entre 25 000 y 40 000 personas desaparecidas. Probablemente nunca se sabrá con certeza el número exacto de víctimas mortales, ya que muchos cadáveres simplemente nunca serán encontrados durante los trabajos de limpieza con maquinaria pesada.

Pérdida de soberanía 

Cambio de escenario. En la carretera que une la capital, Caracas, con la región costera de La Guaira, nos detenemos en una gasolinera. En un poste, una cinta de crepé blanca sobre fondo rojo sujeta un cartel con el rostro de Jhonattan Lamus. “Hotel Santuario La Llanada”: fue su último paradero conocido. Si el gobierno venezolano no fuera el que es, y si el aparato de poder estadounidense tampoco fuera el que es, no habría que buscar a Jhonattan. Este ciudadano venezolano de 40 años viajaba en el vuelo de deportación número 164, expulsado de Estados Unidos, y tras su llegada fue retenido ilegalmente por las autoridades venezolanas en dicho hotel. Se estima que más de 100 venezolanos y venezolanas deportados se encontraban en este y en otros edificios al momento de la catástrofe. De hecho, eran prisiones de las que no había escapatoria, ni siquiera durante la catástrofe. 

Desde el 3 de enero de 2026, la historia de las relaciones entre Estados Unidos y de Venezuela se han entrelazado de una nueva manera. La catástrofe natural fue precedida por un terremoto político. Con el bombardeo estadounidense de Caracas y de la ciudad costera de La Guaira, así como con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, un velo de incertidumbre se cernió sobre el país. Durante meses no quedó claro qué acuerdos se habían alcanzado entre los principales líderes políticos del aparato de poder venezolano y el gobierno de EE. UU. A finales de agosto se supo al menos esto: un acuerdo para la exportación de 65 mil millones de barriles de petróleo a EE. UU. Una cantidad casi tan grande como las reservas totales de petróleo de Estados Unidos. Todo esto se gestionará a través de una empresa privada. Ya en un artículo de mediados de julio, el New York Times opinaba: “[El secretario de Relaciones Exteriores de EE. UU., Marco] Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela y ejerce el control sobre un Estado soberano de una manera que ningún funcionario estadounidense había hecho desde que L. Paul Bremer III llegara a Bagdad en 2003 para administrar el Irak ocupado por EE. UU..” Se dice que todas las transacciones financieras importantes de Venezuela pasan por la mesa de Rubio. Su oficina decide para qué y para quién se liberan los ingresos del Estado —"una relación comparable a la de unos padres que les dan dinero de bolsillo a sus hijos”, continúa el New York Times— y qué empresas podrán operar en el país en el futuro sin estar sujetas a las sanciones de EE. UU. Si bien esto podría evitar transacciones corruptas dentro del aparato estatal venezolano, Pero, al mismo tiempo, crea una dependencia económica casi total del gobierno interino respecto a Estados Unidos. Mientras tanto, la presidenta interina Delcy Rodríguez no se cansa de destacar los avances económicos que está logrando Venezuela, incluso tras el reciente acuerdo petrolero que, según Rodríguez, tendrá “una influencia considerable en la reactivación de nuestra nación.” 

Para los deportados de EE. UU., como Jhonattan Lamus, esta pregunta ya no tenía sentido. Sus vidas se convirtieron en piezas de juego insignificantes de dos grupos de interés.
 

Autodestrucción 

“Estamos a punto de convertirnos en una colonia norteamericana”, comenta el teórico y activista Andrés Antillano en un café del centro de la capital, Caracas. Suena consternado. En la mesa también se encuentra Antonio González, sociólogo que trabaja para Surgentes, una pequeña pero importante organización de derechos humanos. La cafetería está ubicada en una calle concurrida, no muy lejos de murales políticos de una época anterior a la toma de control por parte de EE. UU., que muestran las “alianzas antiimperialistas” de Venezuela con Irán y Rusia. El propio Antillano formó parte del chavismo en la década de los 2000, antes de darle la espalda, desilusionado. Hoy forma parte del movimiento político de aglomeración Comunes. Para él, la presidenta interina Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, quien ocupa el cargo de presidente de la Asamblea Nacional, son tecnócratas. Se han acercado demasiado al esplendor del poder y la influencia como para poder alejarse de ellos alguna vez. “Han renunciado”, continúa Antillano antes de pedir otro café, “a la soberanía nacional para mantenerse en el poder.” 

Lo que está sucediendo desde el 3 de enero a nivel macropolítico se lee como un pequeño “Manual del neoliberalismo” del siglo pasado. Así, con la reforma de la Ley Marco de Hidrocarburos del 29 de enero, el gobierno venezolano no solo ha facilitado el acceso del capital extranjero al mercado nacional de materias primas. La reforma también permite que los conflictos entre empresas privadas y el Estado se resuelvan ante un tribunal de arbitraje internacional privado —un mecanismo que, en el pasado, sirvió principalmente para que las empresas demandaran a los Estados cuando estos contravenían su derecho a obtener ganancias en el sector privado. 
 

Sin embargo, señala Antillano, al menos el margen de maniobra para la oposición en las calles, en los barrios y en el campo se ha ampliado notablemente en los últimos tiempos. Así, se liberó a casi 3.000 presos políticos y ahora se pueden enviar mensajes por WhatsApp sin correr el riesgo de ser detenido. También vuelven a ser posibles las manifestaciones de la oposición de izquierda en el centro de Caracas y en los centros de industria pesada la region de Guyana sin convertirse en blanco del aparato represivo del Estado. “Estamos viviendo una liberalización, aunque sin democratización”, afirma Antillano. El miedo a la policía secreta y a la tortura sigue siendo omnipresente, sobre todo porque los llamados “colectivos” ya están, en gran medida, integrados en el Estado. Fundados en su momento en los barrios pobres de Caracas como una respuesta organizada desde abajo para defender la revolución bolivariana, hoy actúan como grupos paramilitares al servicio de entes gubernamentales. Antonio González teme que el poder estatal pueda actuar en cualquier momento si la presión de la calle se vuelve peligrosa, ya sea para los intereses del gobierno interino o para los de Estados Unidos.

El hecho de que el anterior gobierno de Nicolás Maduro haya perdido gradualmente legitimidad y apoyo popular se debe también a su actuación represiva contra las posiciones críticas provenientes del campo de la izquierda. Además, las drásticas sanciones económicas del gobierno de EE. UU., que llevaron a muchas personas a la pobreza y al hambre, provocaron que, a partir de 2014, hasta ocho millones de venezolanos y venezolanas abandonaran su país, incluso aquellos que alguna vez creyeron en el poder de cambio social de la Revolución Bolivariana. “La retórica antiimperialista de una izquierda internacional, según la cual el pueblo salió en masa a las calles ante el bombardeo de EE. UU., es totalmente falsa”, comenta González con sequedad. Todo lo contrario. “Tras la invasión de EE. UU., muchas personas tenían la esperanza de que cambiaran dos cosas: las condiciones de vida y el régimen.” De hecho, desde entonces no ha cambiado mucho en la vida cotidiana de la gente. La inflación sigue rampante, los privilegios de unos pocos persisten, mientras que el salario mínimo se ha estancado en un dólar estadounidense al mes desde que Maduro asumió el cargo. Un país yace en ruinas, y no solo desde los terremotos.

Solidaridad viva 

Sin embargo, los días posteriores a los terremotos no solo estuvieron marcados por el duelo y la preocupación por los desaparecidos, sino también por una gran solidaridad. La ayuda espontánea y mutua entre la población fue inmediata y generalizada. Personas de todos los rincones del país azotado por la crisis no dieron lo que les sobraba, sino que dieron algo de lo que, de todos modos, les faltaba. 

El sentido de comunidad avivado por la catástrofe, la solidaridad vivida y la ayuda desde abajo dan testimonio de una visión de sociedad que en su momento representó la Revolución Bolivariana bajo el liderazgo de Hugo Chávez, pero que hoy solo existe a pequeña escala. Es esta promesa social por la que personas como Andrés Antillano y Antonio González seguirán luchando en el futuro. Y es este principio de solidaridad el que, hace casi seis décadas, llevó a la fundación de Cecosesola.

Timo Dorsch es el responsable de prensa de medico y está a cargo de la comunicación para Sudamérica. Jan Schikora es el responsable de Sudamérica en el departamento de cooperación transnacional de medico international. Traducción:  Jorge Rath