Ya el primer confinamiento en la primavera de 2020 ocasionó la ruptura de las cadenas globales de producción y suministro, paralizando así la hiperproducción del mercado mundial. L@s perdedor@s siguen siendo l@s trabajador@s, que subsisten en los sótanos de la globalización. De este modo, los consorcios minoristas globales cancelaron en el transcurso de unos cuantos días sus pedidos a la industria textil del Sur de Asia, arrojando a millones de trabajador@s junto con sus familias a la pobreza extrema. Si bien encontrar un trabajo en la industria textil en medio de una legión de millones de pobres en la megaciudad es como sacarse la lotería, la caída abrupta en la nada social y en el desamparo depende, literalmente, de un chasquido de dedos. Resulta evidente el hecho de que las personas, cuyas vidas construidas con esfuerzo son pisoteadas sin miramientos, no puedan hacer del coronavirus su primera preocupación: a alguien que de cualquier forma no tenía un hogar y ahora tampoco algo que comer, no le quedan más lágrimas frente al peligro de padecer no de esta (cólera, tifoidea, tuberculosis), sino de aquella (COVID-19) enfermedad. Tras el cierre de sus fábricas, millones de ex trabajador@s se han visto forzados a deambular por las calles de las megaurbes en busca de algo para comer o, con suerte, de un trabajo como jornaler@. ¿Uso obligatorio de cubrebocas, reglas de distanciamiento social, leave no one behind? What the fuck!
Bajo estas condiciones, la National Trade Union Federation (NTUF) de Pakistán y la National Garment Workers Federation de Bangladesh, ambas organizaciones contrapartes locales de medico, han redirigido los fondos destinados al trabajo sindical a la repartición de alimentos. No tod@s l@s despedid@s recuperaron su empleo al finalizar el confinamiento de la primavera de 2020, muchas fábricas permanecieron cerradas. En este contexto, el regreso a una normalidad de por sí adversa depende de las escandalosas condiciones de la injusta distribución de la vacuna a escala global: mientras que l@s consumidor@s europe@s de ropa proveniente del Sur de Asia tienen la esperanza de recibir la vacuna a la brevedad, la situación en Pakistán y Bangladesh se ve mucho más sombría; en estos países no hay acuerdos vinculantes que garanticen el suministro de vacunas.
Buenas intenciones, cruda realidad
Aquí en Alemania, la situación gira en torno a la muy controvertida Ley de Cadenas de Suministros, que entraría en vigor a partir de 2023 de ser aprobada en el Bundestag. Aún cuando el primer borrador de la Ley preveía “garantizar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, así como el medio ambiente en las cadenas globales de valor”, ahora se plantea de manera no vinculante que “en el futuro, una Ley de Cadenas de Suministro deberá obligar a las empresas con sede en Alemania a cumplir con sus responsabilidades en las cadenas de valor y suministro”. Mientras que el primer borrador exigía claramente a todas las empresas con al menos 250 emplead@s garantizar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, ahora esto aplica únicamente para empresas con al menos tres mil emplead@s; a partir de 2024, esto será válido también para aquellas con más de mil trabajador@s. Las empresas con menor número de personal estarán libres de castigo. “Libres de castigo” es la expresión correcta, pues mientras el primer borrador expresaba consecuentemente y sin ambigüedades la obligación en materia de derechos humanos “durante todo el ciclo de vida de un producto o servicio que comprenda la creación de valor”, ahora esto sólo aplica en la propia “área de negocio” de cada empresa y para los proveedores de primer nivel. Eventuales violaciones de derechos humanos en el resto de la cadena de suministros deberán ser sometidas a un “análisis de riesgo”, en caso de que reclamaciones en este sentido provenientes del segundo, quinto y octavo eslabón de la cadena alcancen a la empresa alemana.
A pesar de estas suavizaciones, la ley, que aún no logra abrirse paso, sigue teniendo como finalidad evitar que los derechos humanos universales y laborales sean flagrantemente vulnerados en procesos productivos globales de origen alemán, como sucede hoy en día en muchos lugares del mundo. Las violaciones a los mismos podrán no sólo ser criticadas públicamente, sino también denunciadas frente a tribunales alemanes; sobre las empresas que resulten juzgadas se cierne la amenaza real de sanciones económicas. Dos cosas son de relevancia política: en primer lugar, esta ley expresa la voluntad de una mayoría en la sociedad, lo que representa un triunfo político, también conseguido mediante campañas como aquella sobre las horribles catástrofes en fábricas textiles: el incendio en una fábrica de Ali Enterprises en Pakistán en el año 2012 y, un año después, el derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh. En segundo lugar, estudios realizados por el Gobierno Federal han comprobado de manera pública que tan sólo una ínfima minoría de empresas alemanas cumple con su “deber de diligencia” en términos de derechos humanos y laborales. El resultado fue tan claro que no fue posible pasarlo por alto.
Nuevo tipo de luchas anticapitalistas
Así como la Ley de debida diligencia en Alemania, también sus equivalentes europeos y el “Tratado Vinculante” impulsado por la ONU serán insuficientes. En los tres casos se trata de malos acuerdos que se quedan por debajo de lo que sería necesario. Es en la transformación de las luchas contra la miseria donde radica la posibilidad de que tanto la ley como el tratado se conviertan en victorias: subordinar a la globalización capitalista frente a los derechos humanos deberá significar, en principio, convertir a una lucha particular históricamente perdida, la lucha obrera, en una lucha universal en el amplio sentido de la palabra, por la forma y el objeto mismo de la globalización. Así comienza un nuevo tipo de lucha anticapitalista, que probará su eficacia con los sujetos que la pondrán en práctica y con aquellos a los cuales convoca. Al llevarse a cabo como una lucha de los derechos humanos, la lucha contra la explotación capitalista no será tan sólo una lucha de clases, ni será una lucha laboral en absoluto; no tendrá su centro en las fábricas, sino que será impulsada a lo largo de toda la cadena de producción y suministro, por aquell@s que consumen los productos y aquell@s que los producen. Quien se sume a la lucha en torno a los derechos humanos dará respuesta a una pregunta planteada a todos y cada uno de los seres humanos: “¿En qué mundo queremos vivir?”.
En este respecto, las campañas surgidas tras las catástrofes de 2012-2013 han anticipado, no sólo en su discurso, sino también en su articulación subjetiva, algo de lo cual queremos ver más. Ya que en estas campañas se encontraron activistas sindicales del Sur de Asia con activistas solidari@s, crític@s de la globalización, provenientes de los países a los que llegan las mercancías. Lo que era válido para l@s activistas, lo fue también para aquell@s que se abrieron al diálogo: cuando utilizaron la campaña para exigir la indemnización de l@s supervivientes, acciones legales contra las empresas responsables y, en último término, la subordinación de las cadenas de producción y suministro frente a los derechos humanos, lo hicieron políticamente, con el propósito de crear otro mundo posible. La Ley de Cadenas de Suministro seguirá siendo un apoyo en esta pretensión, si bien resulta claro que no cumplirá con lo que promete. Pero esperemos que sí.