América Latina

Retos ante la crisis civilizatoria

Estamos, como humanidad, ante la crisis terminal del patrón civilizatorio prometeico de la modernidad. Una reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre los gobiernos progresistas y perspectivas.

Por Edgardo Lander

Edgardo Lander participó en el encuentro de medico international y socios de El Salvador, Nicaragua y Brasil en Marzo del 2018 en Salvador de Bahía. Inauguró el encuentro con un discurso basado en este texto.

I. La crisis civilizatoria

Para estar en capacidad de reflexionar/debatir/actuar en relación a los retos que tienen hoy la izquierda, las organizaciones y movimientos de la sociedad, es indispensable comenzar por realizar una caracterización, aunque sea somera, de las sociedades en las cuales vivimos, de los problemas que confrontamos, del tiempo que nos ha tocado vivir.

Estamos, como humanidad, ante la crisis terminal del patrón civilizatorio prometeico de la modernidad. Se trata de una crisis multiforme, multidimensional, de un patrón civilizatorio que en términos sintéticos puede ser caracterizado como antropocéntrico, patriarcal, colonial, clasista, racista y cuyos patrones hegemónicos de conocimiento, su ciencia y su tecnología, lejos de ofrecer respuestas de salida a esta crisis civilizatoria, lo que hacen es contribuir a profundizarla. Estas diversas dimensiones del patrón civilizatorio hegemónico no son de modo alguno independientes una de otra. Por el contrario, se retroalimentan y refuerzan entre sí.

Los dogmas antropocéntricos y patriarcales del progreso y del desarrollo, las fantasías sobre la posibilidad de un crecimiento sin fin en un planeta limitado, están socavando aceleradamente las condiciones que hacen posible la reproducción de la vida en el planeta Tierra.  Este patrón del desarrollo y el progreso ha encontrado su límite. A pesar de que una elevada proporción de la población no tiene acceso a las condiciones básicas de la vida (alimentación, agua potable, vivienda, etc.), la humanidad ya ha sobrepasado los límites de la capacidad de carga de la Tierra. Sin un freno a corto plazo de este patrón de crecimiento desbordado y una reorientación hacia el decrecimiento, la armonía con el resto de la vida y una radical redistribución del acceso a los bienes comunes del planeta, no está garantizada la continuidad de la vida humana a mediano plazo.

Cada una de las principales dimensiones de esta crisis ha venido siendo profundizada en las últimas décadas por la globalización neoliberal, décadas durante las cuales han avanzado a pasos agigantados los procesos de mercantilización, apropiación y sometimiento tanto de las dinámicas naturales de reproducción de la vida, como de las prácticas culturales y modos de conocer de los diferentes pueblos del mundo para someterlos a las exigencias de la acumulación del capital.

La crisis ambiental, que incluye entre otras cosas los procesos de deforestación y desertificación, la contaminación de aguas y tierras, la pérdida acelerada de la diversidad biológica, tiene su expresión más visible en el cambio climático. El carácter antropogénico de la elevación de la temperatura de la superficie terrestre está hoy más allá de toda duda. Cada nuevo informe científico sobre la velocidad del derretimiento de los casquetes polares y sobre la elevación del nivel de los mares es más inquietante que el anterior. En este invierno se han constatado las temperaturas más elevadas jamás registradas en el Ártico.[1] Dado el carácter no lineal de estos procesos y sus complejas interacciones resulta difícil prever dónde estarían los puntos de inflexión a partir de los cuales podrán precipitarse transformaciones catastróficas de carácter irreversible. 

No se trata solo de proyecciones más o menos alarmantes sobre lo que podría pasar en unas cuantas décadas o en el próximo siglo, sino igualmente de dinámicas que han pasado a formar parte de la experiencia de centenares de millones de personas en todo el planeta que padecen las consecuencias de las sequías y desertificación que destruyen sus modos de vida, y eventos climáticos extremos como el huracán María, que ha alterado en forma profunda y quizás irreversible a Puerto Rico. Tanto la responsabilidad por la devastación ambiental del planeta, como la distribución de sus consecuencias más negativas están distribuidas en forma extraordinariamente desigual. Las poblaciones campesinas y urbanas del Sur Global, las que por sus patrones de producción y consumo tienen menor responsabilidad en esta sistemática lógica de destrucción de la vida, son las principales afectadas. Se trata igualmente de quienes tienen menos recursos para defenderse ante estas cambiantes condiciones.

A pesar de todas las cumbres climáticas de las Naciones Unidas y del reconocimiento de la urgencia de reducciones drásticas e inmediatas en la emisión de gases de efecto invernadero, cada año se incrementa la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, cada año la temperatura promedio de la superficie terrestre es más elevada que en los años anteriores.

Tal como ocurrió en la lucha por disminuir el consumo de tabaco, las corporaciones cuyas actividades tienen mayor responsabilidad en esta lógica devastadora, sobre todo las industrias de los hidrocarburos, el cemento, la industria automotriz, el transporte de carga y la agroindustria, hacen todo lo posible por bloquear cualquier medida que pueda incidir negativamente sobre sus márgenes de ganancia, independientemente de las consecuencias que esto tenga sobre la vida en el planeta. Cada año se invierten centenares de millones de dólares con este expreso propósito.

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia y el control del Partido Republicano de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, la dirección máxima de la principal potencia del mundo ha pasado estar en manos de quienes consideran que el cambio climático es una conspiración china para perjudicar a los Estados Unidos. No solo han anunciado el retiro de dicho país de los Acuerdos de París, sino que están desmontando en forma sistemática cada una de las principales normas de protección ambiental que se habían establecido en el país durante las últimas décadas. Esto ha llevado a Noam Chomsky a afirmar que ese partido se ha convertido en la organización más peligrosa de la historia de la humanidad.

Esta aparente irracionalidad suicida está sustentada en otra racionalidad, la racionalidad del capital, que coloca la maximización de su margen de ganancia a corto y mediano plazo sobre cualquier otro valor humano. Es ésa la racionalidad que, por la vía de los medios de comunicación corporativos, el control económico y la captura del poder de decisión de los Estados, está conduciendo hoy los destinos de un planeta que se caracteriza cada vez más por la desigualdad, por la militarización y la guerra y la ausencia de democracia. 

Hoy la distribución de la riqueza en el planeta es más desigual que nunca antes en la historia. Aunque han circulado mucho, vale la pena detenerse en algunos de los resultados principales de las investigaciones de Oxfam sobre la extraordinaria dimensión de esta concentración de la riqueza:
 

Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta.[2]

Actualmente, ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad).[3]

Los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han aumentado menos de 3 dólares al año entre 1988 y 2011, mientras que los del 1% más rico se han incrementado 182 veces más.[4]

Un nuevo estudio del economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1% más rico han aumentado un 300% en el mismo periodo.[5]

La crisis de desigualdad se está agravando. El 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3.700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento.[6]

La riqueza extrema de unos pocos se erige sobre el trabajo peligroso y mal remunerado de una mayoría. La economía prospera gracias al duro trabajo de personas atrapadas en la pobreza, mientras los beneficios del crecimiento económico van a parar a manos de una pequeña élite. Las mujeres, que sufren mayores niveles de discriminación en el ámbito laboral y asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, son las más perjudicadas.[7]

En este contexto global de profundas iniquidades, América Latina sigue siendo el continente con mayores niveles de desigualdad.

Estos niveles obscenos de desigualdad tienen necesariamente correlatos culturales, políticos y militares. No son compatibles con la democracia y requieren, necesariamente, de potentes estructuras militares para aplacar las resistencias.

Las grandes corporaciones y las personas más ricas son un factor clave de esta crisis de desigualdad. Utilizan su poder e influencia para garantizar que las políticas gubernamentales vayan a favor de sus intereses y priorizan maximizar los beneficios de sus accionistas a cualquier precio, aunque esto implique bajar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras o eludir impuestos.[8]

Vivimos en un mundo crecientemente militarizado. Estados Unidos tiene cerca de mil bases y demás formas de presencia militar fuera de su territorio. Su presupuesto militar es superior al de los nueve países que le siguen en gasto militar. Y sin embargo Trump consideró esto insuficiente y solicitó un incremento “histórico” de éste. Con presencia directa de tropas o por la vía de drones, este país está involucrado simultáneamente en guerras de agresión por lo menos en Irak, Afganistán, Siria, Yemen, Sudán, y Libia. En la actual doctrina militar de los Estados Unidos están justificadas, y llevadas a cabo, “guerras preventivas”. Las guerras lejos de comenzar y finalizar, se convierten en permanentes.

Es tal la captura de los procesos de toma decisiones por parte del dinero en todo el mundo que es posible afirmar que hemos entrado en un tiempo histórico post-democrático.

Ante la inseguridad producida por el deterioro de las condiciones de vida y la ausencia de garantías en relación al futuro crecen el todo el mundo movimientos políticos de derecha y extrema derecha con fuertes contenidos xenófobos y racistas: Estados Unidos, la India, Filipinas, Hungría, Polonia, Italia, Austria, Alemania...

2. América Latina: ¿el continente de la esperanza?

Mientas en la mayor parte del mundo se vivían derrotas de la izquierda, el profundo desencanto con la idea de socialismo que para muchos produjo el colapso del bloque soviético, la caída el muro de Berlín, el fin de la Historia, la plena hegemonía económica, cultural y militar de los Estados Unidos, el anuncio del Nuevo Siglo Americano... América Latina aparece como el continente de la esperanza.

A partir de la década de los noventa se va dando un extraordinario proceso de luchas y de fortalecimiento de los movimientos populares y de opciones de izquierda en todo el continente. Derrocamiento de gobiernos neoliberales que siguieron a las dictaduras militares, el levantamiento indígena en Ecuador (1990); el levantamiento zapatista en México (1994); la Guerra del Agua en Cochabamba (2000). En el año 2001 se realiza en Porto Alegre el primer Foro Social Mundial.

Como expresión de toda esa energía transformadora acumulada en esos años, comienzan a darse igualmente, a partir de la victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela en el año 1998, un proceso de emergencia de nuevos gobiernos de izquierda o progresistas en toda América del Sur que, en poco tiempo, cambia por completo el mapa político del continente: (Luiz Ignacio Lula da Silva 2003; Néstor Kirchner 2003; Tabaré Vázquez 2005; Evo Morales 2006; Rafael Correa 2007).

Los procesos constituyentes y los textos constitucionales aprobados en referéndum en Venezuela, Bolivia y Ecuador abren nuevos horizontes utópicos en los cuales se plantea ir más allá del constitucionalismo monocultural y los límites de la democracia representativa de la tradición liberal para avanzar hacia Estados plurinacionales. El espíritu de radicalidad rupturista de estos documentos capta el espíritu y los imaginarios transformadores de esos años.

La constitución venezolana de 1999 establece en su preámbulo que:

El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana;

con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad;

En un país con una población indígena numéricamente más limitada que la de otros países del continente, se refuerza la caracterización de éste como multiétnico y pluricultural en su capítulo VIII dedicado en forma extensiva a los derechos de los pueblos indígenas:

Artículo 119. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la ley.

Artículo 120. El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley.

Artículo 121. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones.

Artículo 122. Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que considere sus prácticas y culturas. El Estado reconocerá su medicina tradicional y las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos.

Artículo 123. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los derechos que confiere la legislación laboral.

Artículo 124. Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.

Artículo 125. Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales con población indígena, conforme a la ley.

Artículo 126. Los pueblos indígenas, como culturas de raíces ancestrales, forman parte de la Nación, del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e indivisible. De conformidad con esta Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y la soberanía nacional.

El término pueblo no podrá interpretarse en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho internacional.

La Constitución de Bolivia del año 2009 define el carácter plurinacional y comunitario del país en los siguientes términos:

 En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores.

Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos.

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos.

Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia.

El carácter pluricultural se reafirma en el Artículo 8 en los siguientes términos:

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

La Ley de derechos de la Madre Tierra del año 2010 “tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos.” Se basa en los siguientes principios de obligatorio cumplimiento:

 1. Armonía. Las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra.

2. Bien Colectivo: El interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido.

3. Garantía de regeneración de la Madre Tierra. El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber, daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tiene límites en su capacidad de revertir sus acciones.

4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras.

5. No mercantilización. Por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie.

6. Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere del reconocimiento, recuperación, respeto, protección, y diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan un convivir en armonía con la naturaleza.[9]

El Preámbulo de la Constitución del Ecuador establece que:

Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad,

Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;

El Capítulo cuarto dedicado a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas establece:

 Art. 56.- Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible.

El artículo 57 reconoce, entre otros, los siguientes derechos colectivos: “Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social”, “Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita”; “Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras.”; “consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente”; “Participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.”; “Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural.”; “Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”;  “Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario...”; “No ser desplazados de sus tierras ancestrales”; “Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora....Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas.”; “Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje.”; “Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de expresión y organización.”; “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.”; “Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación.... Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial.”

Esta Constitución incorpora, por primera vez en la historia constitucional y en forma expresa, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza, dedicándole el capítulo séptimo.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

Dadas las profundas rupturas planteadas en estos textos, está claro que nunca pudieron ser pensados como el diseño jurídico-formal de una nueva sociedad, sino como horizontes utópicos de otros futuros posibles, como agendas y plataformas políticas desde las cuales  enfrentar en forma simultánea los temas de alternativas al desarrollo, los límites del planeta, la imposibilidad de una lógica de crecimiento sin fin en un planeta limitado, la recuperación/construcción de múltiples alternativas culturales a la monocultura del capital, y la radicalización de la democracia más allá de los estrechos acotamientos históricos de la democracia liberal representativa. Constituyen igualmente cuestionamientos fundamentales a los patrones de conocimiento eurocéntricos y coloniales hegemónicos, de carácter antropocéntrico y patriarcal.

III. Los gobiernos progresistas

Sin embargo, 15, 20 más tarde, la mayor parte de las expectativas generadas por estos ricos horizontes normativos se han visto frustradas. Nadie pretendió que esto fuera fácil, ni que estos objetivos extraordinariamente ambiciosos ¿un Estado plurinacional?, ¿derechos de la naturaleza? fuesen objetivos a alcanzar a corto plazo. De lo que se trataba era de iniciar una compleja transición en otras direcciones al rumbo suicida que han tomado los poderes hegemónicos que hoy conducen a la humanidad al precipicio. La izquierda en el gobierno no logró desprenderse de los imaginarios del desarrollo, del progreso, del crecimiento económico sin fin como los ejes fundamentales de la transformación social. Quizás nunca se lo plantearon, e incluso creyeron, más allá del ámbito discursivo.

Dada la profunda crisis ambiental que amenaza la vida en el planeta, todo proyecto transformador anti-capitalista necesariamente tiene que tener como uno de sus ejes constitutivos el responder activamente a esa amenaza a la vida. Sin embargo, en ninguna de estas experiencias se dieron pasos significativos en dirección a una transición a otro modelo productivo compatible con la preservación de la vida en el planeta Tierra. Se produjo en cada uno de los países una profundización de la inserción subordinada, colonial, en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, aunque ello se diese con la reorientación parcial de destino de las exportaciones de viejos a nuevos imperios. Se produjo en cada uno de los casos la re-primarización de las economías.  El extractivismo se convirtió en la opción fundamental en cada caso. El modelo extractivo se convirtió en el eje básico de las políticas públicas, bloqueando la posibilidad de avanzar en la dirección de los objetivos transformadores que estaban enunciados en forma taxativa en las constituciones y demás textos jurídicos referidos a otras modalidades no depredadoras de relación con la naturaleza, la plurinacionalidad y la profundización de la democracia.  El extractivismo como prioridad obliga a abrir todos los territorios para su exploración, para una dinámica expansiva de acumulación por expropiación. Mediante sus masivas exportaciones de minerales, energéticos y productos agro-industriales, el continente, lejos de colocar obstáculos a la operación desbocada de la maquinaria devastadora del capital global, ha acentuado su activa contribución a ésta.

No es posible avanzar en la dirección de la superación del modelo autoritario del Estado monocultural liberal, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su autonomía efectiva en sus propios territorios, si el eje principal de la política económica lo constituye la explotación de los denominados “recursos naturales” situados en estos territorios.  El mejoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población que ocurrió en estos años tuvo un piso de una extraordinaria fragilidad. Estos gobiernos consideraron que era necesario aprovechar esta nueva condición en que los precios de los bienes primarios crecían más aceleradamente que los de los bienes industriales para maximizar a corto plazo los ingresos fiscales. Convirtieron la ampliación de las exportaciones primarias en el eje principal de su política económica para, por lo menos, el corto y mediano plazo. Aprovechado el alza de la demanda y precio de los bienes primarios, el denominado boom de los commodities, y con un mayor control estatal de los beneficios de estas actividades tanto por la vía de la propiedad como de mayores tasas impositivas, se incrementó en forma notable el ingreso fiscal de los Estados con gobiernos progresistas. Se recuperó la presencia del Estado, aumentando el gasto social en forma sustantiva. Mejoró el acceso a la alimentación, a la educación, a servicios de salud, a la seguridad social. Disminuyeron las tasas de desempleo, y los niveles de pobreza y pobreza crítica y de desigualdad, medidos en términos de ingreso monetario. Se trata, sin lugar a dudas, de logros formidables después de las décadas de políticas neoliberales que habían empobrecido a la población, aumentando la exclusión de los sectores populares con lo cual se había incrementado la desigualdad en lo que ya era el continente más desigual del planeta.

No se dieron, sin embargo, pasos firmes en la dirección de transformaciones estructurales en el modelo productivo y, lejos de cuestionar las formas de inserción subordinada colonial en la división internacional del trabajo y de la naturaleza, en cada uno de los casos, la profundizaron. Se trató de políticas distributivas sustentadas en unos ingresos extraordinarios basados en el alto precio de los commodities que la experiencia histórica permitía prever que no se sostendrían en el tiempo.

IV. El debate sobre el extractivismo

En el debate latinoamericano actual sobre el extractivismo se hacen presentes diferencias fundamentales no sólo sobre el carácter de la transición hacia una sociedad post-capitalista, sino igualmente en torno al tipo de sociedad post-capitalista que se postula. En estos debates ocupan un lugar central, ya sea implícita o explícitamente, las concepciones del desarrollo y las perspectivas del postdesarrollo. El punto de vista crítico al neoextractivismo parte en general de una crítica al modelo civilizatorio hegemónico, el patrón civilizatorio de crecimiento sin fin y de sometimiento sostenido o guerra permanente contra el resto de la naturaleza. Esto incluye al capitalismo, pero, como lo demostró la experiencia histórica del socialismo del siglo XX, va más allá del capitalismo. Quienes defienden el extractivismo, por el contrario, argumentan que sólo gracias a los recursos provistos por las actividades extractivas será posible superar al capitalismo. Asumen el extractivismo con una etapa de transición, etapa que permitiría tanto satisfacer las necesidades inmediatas de la población, como acumular el nivel de riqueza y capacidad científico-intelectuales como para plantearse, posteriormente, su superación.

La defensa más sistemática del extractivismo en el debate latinoamericano actual la ha realizado el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Los siguientes textos ilustran sus principales argumentos:

[…] en una primera etapa ¿acaso no es posible utilizar los recursos que brinda la actividad primaria exportadora controlada por el Estado para generar los excedentes que permitan satisfacer condiciones mínimas de vida de los bolivianos, y garantizar una educación intercultural y científica que genere una masa crítica intelectual capaz de asumir y conducir los emergentes procesos de industrialización y de economía del conocimiento?[10]

 ¿Con qué superar al extractivismo? ¿Acaso dejando de producir, cerrando las minas de estaño, los pozos de gas, retrocediendo en la satisfacción de los medios materiales básicos de existencia, tal como lo sugieren sus críticos? ¿No es ésta más bien la ruta del incremento de la pobreza y el camino directo a la restauración de los neoliberales? ¿El amarrar las manos al proceso revolucionario en aras del rechazo extractivista, no es acaso lo que más desean las fuerzas conservadoras para asfixiarlo?[11]

[…] los críticos irreflexivos a favor del no extractivismo [...] en su liturgia política mutilan a las fuerzas y a los gobiernos revolucionarios de los medios materiales para satisfacer las necesidades de la población, generar riqueza y distribuirla con justicia; y a partir de ello crear una nueva base material no extractivista que preserve y amplíe los beneficios de la población laboriosa.[12]

Detrás del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla pues la sombra de la restauración conservadora.[13]

Mientras la crítica al extractivismo se hace fundamentalmente desde la perspectiva de la búsqueda de alternativas civilizatorias a la sociedad depredadora del desarrollo sin fin (capitalista, pero no solo capitalista), las intervenciones de García Linera reafirman la confianza en las virtudes del desarrollo, a partir de una radical inversión del sentido profundo de la noción del Vivir Bien.

En eso consiste el Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, de otra manera con qué se podrían construir carreteras, levantar postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades básicas y crecientes de la sociedad. Pero a la vez necesitamos preservar la estructura fundamental de nuestro entorno natural para nosotros y las generaciones que vendrán, que tendrán en la naturaleza la realización de sus infinitas capacidades para satisfacer sus necesidades sociales.[14]

A diferencia de la crítica al extractivismo en sus dimensiones civilizatorias de asalto a la Madre Tierra, considera que se trata de un "sistema técnico de procesamiento de la naturaleza" compatible con cualquier tipo de sociedad.

[...El extractivismo son] sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo, y pueden estar presentes en sociedades precapitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas.

Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales ¡plenamente capitalistas! Puede haber sociedades extractivistas capitalistas, no capitalistas, pre-capitalistas o post-capitalistas. Y de igual forma, puede haber sociedades no extractivistas capitalistas, no capitalistas o postcapitalistas.[15]

Parece estar fuera de toda consideración el hecho de que el modo de vida imperial de esas sociedades del Norte Global, supuestamente no extractivas, es solo posible sobre la base de la apropiación de la riqueza producida por las prácticas extractivas del Sur Global.[16]

El conflicto en torno a la carretera del Tipnis captura en forma sintética la confrontación entre dos modelos de sociedad.

En el caso de Ecuador, las múltiples tensiones y confrontaciones de imaginarios de cambio quedaron expresamente manifiestas desde el propio inicio del proceso. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno en el año 2009 con el nombre de Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.[17] Este plan aborda la compleja y contradictoria tarea de diseñar, desde la gestión pública, una transición hacia la sociedad del Buen Vivir. Al igual que en Bolivia, el plan se propone en su fase inicial profundizar el extractivismo como condición que permita producir riqueza y responder a las necesidades de la población. Se trata de "lineamientos de planificación de mediano y largo plazo, con un horizonte de 16 a 20 años."[18] La primera fase, denominada "Acumulación para la transición y profundización de la distribución", es definida en términos de "acumulación, en el sentido de dependencia de los bienes primarios para sostener la economía...". El plan está atravesado por tensiones entre los objetivos del Buen Vivir, la plurinacionalidad y la interculturalidad, por un lado, y opciones modernizantes en las cuales las soluciones fundamentales para el desarrollo del país estarían dadas por la investigación y desarrollo, por la innovación tecnológica y por la creación de nichos específicos como la biotecnología y nanotecnología en los cuales Ecuador, gracias a su inmensa biodiversidad, podría tener ventajas comparativas.

Las principales organizaciones indígenas y ambientalistas del país que desempeñaron un papel tan central en la formación de la nueva constitución se enfrentaron a la opción del gobierno de Correa por el neo-desarrollismo extractivista.

El conflicto sobre la explotación de petróleo en el Parque Nacional-territorio indígena del Yasuní se convirtió en la expresión más emblemática de estas visiones encontradas sobre la sociedad a la cual se aspira. Ilustrativa de la forma en la cual el Presidente Rafael Correa expresa su opinión sobre quienes critican las opciones políticas de su gobierno es la siguiente declaración:

Siempre dije que el mayor peligro para nuestro proyecto político, una vez derrotada en las urnas la derecha, era y es el izquierdismo, ecologismo e indigenismo infantil; qué lástima que no nos equivocamos en aquello".[19]

Sin embargo, el modelo productivo extractivista no es una mera "relación técnica con la naturaleza", ni puede ser entendido como una etapa a ser superada posteriormente. Como señaló Fernando Coronil:

El proceso de creación de valor supone al mismo tiempo la producción de objetos y la transformación de relaciones sociales... la producción abarca la producción de mercancías y también la formación de los agentes sociales involucrados en ese proceso y, por tanto, unifica en un solo campo de análisis los órdenes material y cultural en el seno de los cuales los seres humanos se forman a sí mismos al tiempo que construyen su mundo.[20]

Como resulta evidente de la experiencia venezolana, el extractivismo rentista no solo produce petróleo, conforma un modelo de organización de la sociedad, un tipo de Estado, un régimen político, unos patrones culturales y unas subjetividades e imaginarios colectivos. Estos no pueden de modo alguno ser simplemente revertidos cuando en una etapa posterior de los procesos de cambio se decida que se ha llegado a las condiciones económicas que permitirían abandonar el extractivismo.

... esas rentas contribuyen a establecer patrones similares de especialización interna y de dependencia externa que consolidan el papel de las naciones del Tercer Mundo, como lo que llamo sociedades exportadoras de naturaleza. Aun cuando estas naciones traten de romper su dependencia colonial de las exportaciones de productos primarios mediante la puesta en práctica de planes de desarrollo dirigidos a diversificar sus economías, por lo general se apoyan para hacerlo en la divisa obtenida mediante la exportación de productos primarios, con lo que intensifican su dependencia de los mismos. Paradójicamente, al tratar de aprovechar su ventaja comparativa, estas naciones exportadoras de naturaleza a menudo vuelven a asumir su papel colonial de fuentes de productos primarios, papel ahora reescrito en términos de la racionalidad neoliberal del capitalismo globalizante. Para ellas, al poscolonialismo sigue el neocolonialismo.[21]

El extractivismo se convirtió en una concepción compartida entre los países del ALBA.

Declaración del ALBA desde el Pacífico. XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP. Guayaquil, 30 de julio de 2013

Por otro lado, manifestamos el derecho y la necesidad que tienen nuestros países de aprovechar, de manera responsable y sustentable, sus recursos naturales no renovables, los cuales cuentan con el potencial de ser utilizados como una importante fuente para financiar el desarrollo económico, la justicia social y, en definitiva, el bienestar de nuestros pueblos, teniendo claro que el principal imperativo social de nuestro tiempo -y de nuestra región- es combatir la pobreza y la miseria. En este sentido, rechazamos la posición extremista de determinados grupos que, bajo la consigna del anti-extractivismo, se oponen sistemáticamente a la explotación de nuestros recursos naturales, exigiendo que esto se pueda hacer solamente sobre la base del consentimiento previo de las personas y comunidades que viven cerca de esa fuente de riqueza. En la práctica, esto supondría la imposibilidad de aprovechar esta alternativa y, en última instancia, comprometería los éxitos alcanzados en materia social y económica.

El caso extremo de opción por el extractivismo como modelo de desarrollo es el caso venezolano. Durante el gobierno bolivariano, a pesar de referencias discursivas a la necesidad de alternativas al rentismo petrolero, se produjo una sistemática profundización de la dependencia del petróleo y de la lógica rentista y su correspondiente devastación socio-ambiental. Debido no sólo a variaciones en el precio del crudo, el peso del petróleo como proporción del valor total de las exportaciones venezolanas pasó de alrededor de 63% en el año 1998 a 96% al final de la vida de Chávez. En el documento que ha sido considerado como el testamento político de Chávez, su último programa de gobierno presentado para las elecciones presidenciales del año 2012, se define con claridad el carácter rentista de lo que se entiende como una política petrolera revolucionaria:

...nuestra política petrolera debe ser revolucionaria, lo cual tiene que ver con quién captura la renta petrolera, el cómo se capta y cómo se distribuye. No cabe duda que debe ser el Estado quien controle y capture la renta petrolera, con base en mecanismos que maximicen su valor, para distribuirla en beneficio del pueblo, procurando el desarrollo social integral del país, en condiciones más justas y equitativas. Este es el elemento que nos diferencia de cualquier otra política petrolera.[22]

La mayor parte de los principales objetivos de transformación de la sociedad que fueron formulados en el proyecto bolivariano, en el texto constitucional y en los documentos y propuestas políticas hasta llegar a este último programa de gobierno de Chávez, no son realizables sobre la base de la afirmación del modelo de la monoproducción petrolera. Sin una transformación profunda de este patrón productivo, si no se abandona el imaginario del crecimiento sin fin, si no se reconocen los límites del planeta y la profunda crisis civilizatoria que confronta la humanidad, si el proceso de cambio no tiene como eje medular la transición hacia una sociedad post petrolera, como condición de la posibilidad misma de una sociedad post capitalista, los objetivos principales que habían sido propuestos por el movimiento bolivariano no tenían posibilidad alguna de realizarse.

Es paradójico que en los años en que la mayor parte de los países de América del Sur estaban gobernados por gobiernos denominados de izquierda o progresistas, incluso algunos países con constituciones que tienen como eje las nociones de la plurinacionalidad y pluriculturalidad, haya sido precisamente una fase histórica de acelerado avance del capital transnacional extractivista depredador, incluso hacia territorios antes relativamente aislados y por lo tanto no plenamente sometidos a la lógica mercantilizadora del capital. El reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas y de la reivindicación de su autonomía por parte de éstos, o de las exigencias de consulta previa, son incompatible con los proyectos estratégicos del extractivismo.  Inevitablemente esto ha conducido a sostenidos enfrentamientos entre movimientos indígenas, campesinos y ambientales con estos gobiernos, a pesar de que fueron precisamente estos movimientos y organizaciones los que le sirvieron de sustento para llegar al poder.

El extractivismo como modelo productivo dominante está inseparablemente imbricado con un patrón Estado-céntrico de organización de la sociedad. La recuperación del Estado después de décadas de desmontaje neoliberal a favor del mercado, ha devenido en el fortalecimiento de un Estado desde el cual una dirección política vanguardista y/o tecnocrática,  nuevas versiones del caudillismo histórico latinoamericano, el líder insustituible, imponen su voluntad al conjunto de la sociedad a partir de la mirada de la sociedad desde el Estado, y de la identificación del Estado con el interés general de la sociedad. De esta manera se han bloqueado tanto las posibilidades de avanzar en la dirección de la creación de ámbitos de autonomía y de experimentación social sin los cuales no es posible el Estado plurinacional ni la construcción colectiva de una sociedad alternativa. Se bloquean igualmente las posibilidades de despliegue de las modalidades de la democracia participativa y comunitaria contempladas en los textos constitucionales.

Un ejemplo extremo y transparentemente explícito de las consecuencias de mirar al conjunto de a la sociedad desde la mirada única centralizadora del Estado está presente en el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco. Se trata de un decreto del Presidente Maduro mediante el cual se destinan unos 112 mil kilómetros cuadrados, un 12% del territorio nacional, a la explotación minera nacional y transnacional.[23] Este decreto anti-constitucional define el interés general en los siguientes términos:

Artículo 25. Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Son extraordinariamente graves las consecuencias de esta “prevalencia del interés general sobre Intereses particulares”. Se entiende por “intereses generales”, la explotación minera tal como ésta está concebida en este decreto presidencial. Toda otra visión, todo otro interés, incluso la apelación a la Constitución, pasa a ser definido como un “interés particular”, y por lo tanto sujeto a que los “organismos de seguridad del Estado” lleven a cabo “las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas” en el decreto. Pero, ¿cuáles son o pueden ser los intereses denominados aquí como “particulares”?  El decreto está redactado en forma tal que permite una amplia interpretación. Por un lado, señala expresamente como “particulares” los intereses sindicales y gremiales. Esto puede, sin duda, conducir a la suspensión, en toda la zona, de los derechos de los trabajadores contemplados en la Constitución, y en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. ¿Implica esto igualmente que los derechos “gremiales”, y por lo tanto “particulares” de los periodistas de informar sobre el desarrollo de las actividades mineras quedan suspendidos?

¿Qué implicaciones tiene esto para quienes serían sin duda el sector de la población más afectado por estas actividades, los pueblos indígenas? ¿Serían las actividades en defensa de los derechos constitucionales de dichos pueblos llevadas a cabo por sus organizaciones, de acuerdo a “sus normativas” entendidos igualmente como “intereses particulares” que tendrían que ser reprimidos si entrasen en contradicción con el “interés general” de la explotación minera en sus territorios ancestrales?

Desde la perspectiva de los gobiernos progresistas, toda oposición a esta lógica neo-desarrollista depredadora tiende a ser criminalizada, acusada de subversiva, desestabilizadora o de representar los intereses de la derecha o del imperio.

IV. Más allá del progresismo

Hoy avanzan la derecha y las fuerzas del capital en el mundo y en el continente.  Las izquierdas y los movimientos sociales en los países que han tenido gobiernos progresistas están más débiles y más divididos que hace tres lustros.

Hoy tendríamos que formularnos una interrogante nada trivial y cuya respuesta no es obvia. Después de los lustros de gobiernos progresistas en Sudamérica, ¿estaremos más cerca de superar el capitalismo y con mayor capacidad de responder a los retos que nos plantea la crisis civilizatoria, o, por el contrario, hemos profundizado nuestra inserción en los engranajes de la reproducción del capital global y se han naturalizado aún más los valores hegemónicos de esta civilización en crisis?

Habría que repensar que se entiende hoy por izquierda, si se caracteriza como de "izquierda" el desarrollismo estatista extractivista de los gobiernos llamados "progresistas". ¿Son de “izquierda” aunque ello implique la devastación de la naturaleza? ¿El ataque sistemático a la pluralidad de culturas indígenas y afrodescendientes de estas sociedades? ¿Si se opera mediante patrones culturales patriarcales, que desconocen entre otras cosas, la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo? ¿Si lejos de profundizar las prácticas democráticas, tienden a limitarlas y controlarlas? ¿Se puede caracterizar como anticapitalista a la profundización de la lógica primario exportadora de bienes agrícolas, minerales y energéticos que está contribuyendo activamente a alimentar la insaciable y devastadora maquinaria de acumulación del capital global? ¿Las categorías históricas de izquierda y derecha han dejado de ser relevantes para la caracterización de estos asuntos?

Es indispensable tener capacidad para librarnos críticamente de la pesada carga de nuestras herencias para recuperar la energía y la imaginación que nos permitan volver a creer que otro mundo es posible.

Salvador de Bahía

Marzo, 2018


[1]. EcoWatch, Crazy Stuff': Arctic Winter Warmest on Record [https://www.ecowatch.com/arctic-winter-temperatures-2543954665.html]

[2]. Credit Suisse (2016) “Global Wealth Databook 2016”. [http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5]

[3].  Cálculos de Oxfam a partir de los datos sobre la riqueza de las personas más ricas de la lista de milmillonarios elaborada por Forbes y los datos sobre la riqueza del 50% más pobre de la población obtenida del informe de Credit Suisse Global Wealth Databook 2016.

[4]. D. Hardoon, S. Ayele y R. Fuentes-Nieva (2016) “Una economía al servicio del 1%”. Oxford. [https://www.scribd.com/doc/295120053/An-Economy-For-the-1-How-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequality-and-how-this-can-be-stopped]

[5]. P. Cohen, “A Bigger Economic Pie, but a Smaller Slice for Half of the U.S”. The New York Times, Nueva York, 6 de diciembre 2016. [http://www.nytimes.com/2016/12/06/business/economy/a-bigger-economic-pie-but-a-smaller-slice-for-half-of-the-us.html]

[6]. Oxfam. Cinco datos escandalosos sobre la desigualdad extrema global y cómo combatirla, [https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla]

[7]. Idem.

[8]. Idem.

[9]. Estado Plurinacional de Bolivia, Ley de derechos de la Madre Tierra, Ley 071 del 21 de diciembre de 2010.

[10]. Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonia. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, La Paz, 2013,  p. 109.

[11]. Op. cit., p. 110.

[12]. Op. cit., pp. 107-108.

[13]. Op. cit., p. 110.

[14]. Op. cit., p. 70.

[15]. Op. cit., p. 107.

[16]. Para una importante contribución conceptual a este debate, ver:  Alberto Acosta y Ulrich Brand, Salidas del laberinto capitalista. Decrecimiento y postextractivismo, Fundación Rosa Luxemburg, Oficina Regional Andina, Quito 2017.

[17]. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Quito, 2009. [http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/]

[18]. Op. cit., p 95.

[19]. 'Infantilismo' tensa relación Correa-Acosta, El Universo, Quito, 21 de enero 2019, [https://www.eluniverso.com/2009/01/21/1/1355/51D051981FE44D54A46A35DBEFEC9037.html]

[20]. El Estado Mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela y Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 2002, pp. 46-47.

[21]. Op. cit., p. 7.

[22]. Hugo Chávez, Propuesta del Candidato de la Patria. Comandante Hugo Chávez para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. Programa de Gobierno presentado por Hugo Chávez. Caracas, 11 de junio 2012.

[23]. Nicolás Maduro Moros, “Decreto de Creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional ‘Arco Minero del Orinoco’, decreto número 2.248, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela no. 426.514, Caracas, 24 de febrero de 2016.

Publicado: 29. March 2018

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