La cifra de las víctimas por la explosión de minas terrestres se ha reducido en un 60% en los últimos años. Sin embargo, el peligro de sufrir lesiones o incluso perder la vida acecha todavía bajo la superficie, en el campo, en el camino a la escuela o en la aldea cercana. Las contrapartes afganas de medico dedicadas a la labor relacionada con las minas terrestres - Mine Clearance and Afghan Rehabilitation (OMAR) y Mine Detection and Dog Center (MDC) - con más de 1.000 colaboradores y colaboradoras seleccionados provenientes de diversos grupos étnicos, no se limitan al trabajo de desminado. Con el apoyo de medico, OMAR mantiene una “escuela móvil”, que realiza una labor de información sobre las minas dirigida a las niñas. El MDC opera un policlínico en Kabul, donde atiende diariamente sin costo alguno a 150 pacientes, seis días por semana.
Su trabajo se realiza en el contexto de un conflicto que, a raíz de la intervención de la OTAN, se ha dificultado en lugar de solucionarse. Al anunciarse el retiro de las tropas internacionales, ha vuelto a surgir la amenaza del regreso de los talibanes y la cimentación del poder de diversos caudillos. Conjuntamente con otras organizaciones no gubernamentales, medico ha participado durante el período del informe en debates con políticos y representantes de las fuerzas armadas alemanas, instándolos a poner en práctica una política distinta en Afganistán, que priorice las necesidades de la población afgana como punto de partida y no los intereses geoestratégicos de las grandes potencias. En su momento señalamos que el fracaso en Afganistán debía servirnos por lo menos para aprender de nuestros errores. Esto, claro está, presupondría una “cultura de derrota”, poniendo punto final a la desdichada idea de querer solucionar los conflictos siempre y por doquier a través de métodos militares. La idea de la “responsabilidad internacional de ofrecer protección” (responsibility to protect) no dejará de ser sino una coartada para asegurar la supremacía occidental, si es que no se cuenta con condiciones equitativas a nivel global y con instituciones internacionales democráticamente legitimadas que puedan decidir sobre la justificación de una intervención militar para la protección de los derechos humanos universales.
