Por Anne Jung e Andreas Wulf.
Entre las tragedias de la historia está la de relegar al olvido con demasiada frecuencia los acontecimientos significativos. El 12 de septiembre de 1978, transcurridas exactamente tres décadas desde la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Estados miembros suscribieron la Declaración de Alma Ata, cuyos principios y lineamientos buscan garantizar la mejor salud posible para todas las personas. Se trataba de un programa pionero, en el que se reconocía la necesidad de mejorar las condiciones sociales en aspectos como el entorno de vida, trabajo y vivienda, la seguridad social y un sistema sanitario público, como prerrequisitos para garantizar la salud de la población. Llevada por la idea de la redistribución, la Declaración incluso postulaba un nuevo orden económico mundial. En Alma Ata se formuló una utopía dirigida a transformar el futuro, que sirvió de fundamento para el trabajo de medico y ha pasado a ser parte de la labor de muchas organizaciones cooperantes en todo el mundo.
Desde entonces, “Salud para todos” constituye el credo de un concepto que traslada fondos de los pocos hospitales urbanos hacia programas comunitarios descentralizados. De esta forma, se faculta a los trabajadores y trabajadoras de salud comunitaria para atender las necesidades de atención sanitaria más urgentes de la mayoría de personas, garantizando además la participación de la población en el desarrollo de nuevos enfoques. La atención primaria de salud - primary health care - se convirtió en un concepto clave de la OMS. En los años posteriores, muchos países del Sur global - desde Guatemala hasta Palestina, pasando por Zimbabue - pusieron en marcha no solo programas de vacunación y tratamiento, sino también campañas de información sobre las causas de enfermedades. A menudo se trataba de campañas contra las condiciones que generan la pobreza y a favor de la redistribución de la riqueza social.
Dependencia en lugar de derechos realizados
No obstante, los tiempos han cambiado. Hoy en día, en casi todo el mundo los sistemas de salud se han sometido a los intereses del mercado. Las condiciones precarias de vida y de trabajo – que incluso ponen en riesgo la existencia misma – se han convertido en el pan de cada día para millones de personas. ¿Cómo pudo suceder que las condiciones se deterioraran tanto? En gran medida, este hecho se debe a que nunca pudo hacerse realidad uno de los requisitos primordiales de la meta de Alma Ata “Salud para todos”: un cambio fundamental en las estructuras económicas globales, que hubiese permitido a los países post-coloniales y sumidos en la pobreza autogenerar suficientes recursos para superar la miseria de la mayoría y prestar servicios sociales básicos. Como esto no sucedió, se mantuvo la dependencia de dichos países frente a la beneficencia controladora de la ayuda al desarrollo, con frecuencia vinculada a créditos. Desde los años 90, han aparecido además en escena actores capitalistas filantrópicos como la fundación Gates, que impusieron sus propias agendas y desde entonces vienen socavando los principios fundamentales de la OMS. Con ello, la OMS – debilitada por depender de unos pocos actores adinerados, tanto de Estados nacionales como del sector privado – se ha convertido de facto en una prestadora de servicios. En lugar de garantizar el derecho a la salud, los expertos y expertas sanitarios preconizan hoy en día la eficacia en el uso de los fondos y la medición de resultados. Los establecimientos de salud deficitarios deben recurrir a cobrar por sus servicios para “tapar los agujeros”, con lo cual los más pobres de los pobres (es decir, los más necesitados de atención) pierden acceso a estos servicios. Las consecuencias son fatales: cada año, mueren millones de personas a causa de enfermedades que en realidad podrían tratarse fácilmente. Por un lado, han resurgido los males relacionados con la pobreza, como es el caso de la tuberculosis, mientras otras enfermedades crónicas como la diabetes se expanden hoy en día en el Sur global.
Sin embargo, el espíritu de 1978 aún subsiste: así lo demostró una vez más la Asamblea Mundial de la Salud de los Pueblos, el mayor encuentro de activistas de la salud primaria de todo el mundo. Para su cuarta edición a fines de 2018, acudieron a Bangladesh - por invitación del Movimiento por la Salud de los Pueblos - más de 1300 personas de más de 75 países, la gran mayoría de ellos del Sur global. Las discusiones versaron sobre cómo poner en práctica las utopías de ayer en el entorno político de hoy. Así, en un taller organizado por medico, un grupo de organizaciones cooperantes de Zimbabue, Sudáfrica, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Kenia, Nepal y Líbano intercambió opiniones sobre la situación y las luchas de los trabajadores y trabajadoras comunitarias de salud (Community Health Workers). A través de su labor, estas personas representan una alternativa frente a un concepto de la salud puramente biomédico e individualista. Precisamente por ello, se ven obligadas a defender a diario la fundamental importancia de su trabajo para el funcionamiento de la atención primaria de salud. En una era marcada por la privatización y el credo de la eficiencia, corren el permanente peligro de ser explotadas como mano de obra auxiliar y barata. “Los trabajadores comunitarios de la salud son el nexo entre la comunidad y el sistema sanitario. En tiempos de sistemas sanitarios fragmentados, ya tan solo este hecho constituye un acto político”, comentó Barbara Kaim de TARSC, Zimbabue.
El rol de la OMS: defensora, no lacaya
En el transcurso de la Asamblea Mundial, se discutieron numerosos factores políticos que afectan gravemente la salud: desde acuerdos de libre comercio hasta la catástrofe del cambio climático, pasando por los modelos de desarrollo orientados a generar ganancias. Sin embargo, los debates no terminaron en un conjunto de banalidades gracias a la práctica política directa de los presentes, que informan, crean alianzas, denuncian a sus gobiernos, forman comités de salud, organizan huelgas y brindan ayuda concreta. No obstante, a largo plazo estas prácticas alternativas solo podrán perpetuarse si la OMS deja de ser un organismo meramente técnico-administrativo y retoma su papel cimentado en el mandato de sus documentos constitutivos y en la Declaración de Alma Ata: como defensora y autoridad de la salud mundial, debe ejercer una tarea fundamental de derechos humanos. Por ejemplo, la institución líder de la salud mundial no debería rehuir los conflictos con una política económica dedicada a negociaciones sobre patentes que impiden el acceso universal a medicamentos indispensables para la vida. Más que nunca, la sociedad civil está llamada a señalar las deficiencias de la OMS, pero a la vez defender y apoyar el mandato de la organización. Los esfuerzos de medico international, las organizaciones aliadas que integran el Movimiento por la Salud de los Pueblos y muchas otras redes de la salud global, deben ir dirigidos nada menos que a revivir y continuar con el legado de Alma Ata.