El 10 de mayo de 2013 se condenó al exdictador de Guatemala, Ríos Montt, por el genocidio de los indígenas ixil y por crímenes de guerra. Diez días después el fallo fue revocado por supuestas fallas procesales. ¿En qué situación se encuentra actualmente la larga lucha contra la impunidad en Guatemala?
Durante los últimos años, ustedes han realizado un trabajo extraordinariamente exitoso en los temas de derechos humanos políticos y jurídicos. ¿Cómo lo han logrado?
Sin duda alguna, es verdad que en los últimos años han aparecido grietas visibles en el muro de la impunidad. Con toda seguridad, el valor y la constancia de mis colegas, de las víctimas y de los testigos han sido factores decisivos. Lo que diferencia la situación en Guatemala de la de otros países donde han ocurrido crímenes similares es el hecho de que, en el año 2005, tuvimos la suerte de que llegara a nuestras manos el archivo policial con 80 millones de documentos, de los cuales muchos se referían a los años de mayor violencia, entre 1975 y 1985. Estas pruebas nos ayudaron enormemente. También fue importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidiera repetidamente en el correr de los últimos años que sus sentencias sean reconocidas por los juzgados nacionales. Inmediatamente, la Fiscalía General guatemalteca inició investigaciones bajo una nueva dirección. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala apoyó esta decisión. Por este motivo logramos que se emitieran varias sentencias de gran importancia estratégica entre 2011 y 2013, también contra militares de alto rango. El punto culminante fue la condena de Ríos Montt.
Esta sentencia provocó reacciones eufóricas en todo el mundo. Por primera vez se condenó a un ex Jefe de Estado por genocidio en su propio país. Tú advertiste inmediatamente que la sentencia generaría una gran resistencia - y tuviste razón. En tu opinión ¿cómo continuará el caso Ríos Montt? En primer lugar deseo aclarar que de ninguna manera podemos asumir que Ríos Montt ha sido ya condenado. La sentencia del Tribunal Constitucional de decretar la anulación del veredicto de culpabilidad y restituir el proceso a la etapa anterior al juicio oral no solamente fue ilegal, fue un engaño. Esto puede atribuirse claramente a la presión que ejercieron los políticos y el sector privado sobre la justicia. Éste fue el motivo que esgrimimos para impugnar esta anulación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La repetición oficial del juicio principal en Guatemala sigue programada para el 15 de enero de 2015. Pero tendría que ocurrir un milagro para que el juicio se realice en esta fecha bajo condiciones justas. Sabemos que nuestros éxitos se asientan sobre arenas movedizas y podríamos enfrentarnos en cualquier momento a sorpresas desagradables. La constelación política para ello ya está dada.
¿Cómo la describirías?
Actualmente en Guatemala afrontamos una situación en la que no solamente el Presidente es un ex militar, sino que también muchos sectores clave del Poder Ejecutivo están en manos de militares y generales retirados. Luego de la sentencia contra Ríos Montt, las élites en el poder cerraron filas en una alianza entre el empresariado y los militares, poniendo en claro que en el futuro no tolerarán una justicia que escape a su control. Ha aumentado considerablemente la presión sobre los jueces y juezas que han tomado decisiones independientes durante los últimos años. Por ejemplo, el denominado Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios separó por un año de su cargo, bajo circunstancias totalmente absurdas, a la jueza Yassmin Barrios, que fue la que condenó a Ríos Montt. Ésta es una decisión para la cual dicho tribunal no tiene competencia: se trata de una jueza. El sistema judicial guatemalteco, que había comenzado a avanzar en la dirección correcta, será encaminado nuevamente hacia lo que siempre fue: un bastión de la impunidad. En líneas generales, y bajo el gobierno actual, han aumentado enormemente las represiones contra el poder judicial, contra los defensores de los derechos humanos y contra los representantes de la población indígena y rural. Y no sólo eso: estas represiones se han hecho más violentas, más amplias y más sistemáticas.
La etnia ixil lucha desde hace décadas para esclarecer los delitos infligidos a su pueblo. La contraparte de medico, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), ha asesorado y respaldado -entre otros- a 100 testigos e implicados, antes, durante y después del proceso contra Ríos Montt. ¿Qué significa para los testigos la anulación de la sentencia?
El 19 de marzo de 2014, exactamente en la fecha de aniversario del juicio, estuve en la región de los ixil para una reunión con los testigos y supérstites. Tengo la impresión de que saben con certeza que en este momento se está alistando la "artillería pesada" y que se vienen creando importantes alianzas para detener el proceso y preservar la anulación. Pero no se dejan ni intimidar ni deprimir, sino que se unen una vez más frente a esta difícil situación. Durante el acto de aniversario muchos llevaban un pesado libro entre sus manos. El mismo tiene aproximadamente 800 páginas y contiene la publicación del fallo, que consideran "su" fallo. Es digno de verse con qué fervor abrazan este libro. De hecho, contiene la verdad sobre su sufrimiento, es el reconocimiento del largo camino que han recorrido. El libro y el hecho de que un juzgado independiente les diera la razón los hace mucho más fuertes.
Michael Mörth: Este abogado de derechos humanos trabaja desde hace casi 20 años en Guatemala en la superación de los delitos ocurridos durante la guerra civil, entre otros para la Comisión Internacional de Juristas en Guatemala y la contraparte de medico, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Este último tiene a su cargo prácticamente el 80 por ciento de los casos contra los ex militares y también representa a las víctimas de la dictadura y la parte civil el proceso contra Ríos Montt.
medico apoya al Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BJDH) y a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Además, desde hace muchos años medico respalda la labor psicosocial del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), dirigida a superar los delitos del pasado y a reconstruir las estructuras sociales para hacer frente a las consecuencias de la violencia política contra individuos, grupos y comunidades. El apoyo para estas contrapartes ascendió a un total de € 56.222 en el año 2013.